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Este libro es el complemento de mi anterior Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Investigativa, publicado el año pasado. En él traté de hacer una exposición sencilla de las limitaciones constitucionales que amparan a la persona durante la investigación criminal, antes, durante y luego de ser imputada de haber cometido un delito. Luego de abordar lo relativo a las fuentes del derecho (particularmente cómo las garantías de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos se aplican en los Estados y en Puerto Rico), abordé las protecciones constitucionales en el interrogatorio de testigos y sospechosos, los procedimientos de identificación y los registros y detenciones. El énfasis fue en el derecho contra la autoincriminación, la protección contra registros y detenciones irrazonables y las exigencias del debido proceso de ley.

Abordo ahora las protecciones constitucionales que amparan al acusado en los procedimientos para la adjudicación de su responsabilidad penal; es una exposición sencilla de las normas básicas de los derechos del acusado en la etapa adjudicativa del procedimiento: debido proceso de ley, derecho a confrontarse con los testigos en su contra, derecho a la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, presunción de inocencia y exigencia de prueba más allá de duda razonable, derecho a estar presente durante los procedimientos adversativos, derecho a no testificar y guardar silencio, asistencia de abogado, juicio rápido, juicio público, juicio por jurado, protección contra procesamiento selectivo, protección contra doble exposición. Abordo también lo relativo a los derechos del acusado en la zona de las alegaciones pre-acordadas. Al tratar el derecho a juicio público, he tenido que referirme al derecho del público y de la prensa de acceso a los procedimientos adjudicativos criminales.

Habida cuenta de la centralidad de las opiniones de la Corte Suprema de los Estados Unidos-y del Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando la garantía constitucional correspondiente es de “factura más ancha”-, como fuentes primarias en la zona de derechos del acusado, aludo continuamente a esa jurisprudencia, incluyendo muchas citas, a veces extensas.

He dejado fuera derechos constitucionales del acusado vinculados más bien al derecho penal sustantivo, como la prohibición de la aplicación ex post facto de las leyes penales sustantivas y la prohibición de castigos crueles e inusitados; éstas son limitaciones constitucionales al ius puniendi. También he dejado fuera el derecho constitucional del acusado a quedar libre bajo fianza mientras se adjudica su responsabilidad criminal y el derecho de que la detención preventiva no excederá de seis meses; estos son derechos expresamente reconocidos en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, no reconocidos en la Constitución Federal. Pero no se trata de derechos que afecten la adjudicación de responsabilidad criminal, salvo por su relación con el derecho a juicio rápido.

Como suelo hacer, hago hincapié en que este libro va dirigido a estudiantes, abogados, fiscales y jueces, sin pretensión alguna, más allá de un modesto “hornbook”. No hay pretensión alguna más allá de la exposición ordenada del derecho positivo conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero se trata de una zona en la que permanece mucha incertidumbre y que está en continuo devenir. Una que otra vez inserto alguna crítica a la jurisprudencia.

Al final se incluye una tabla de casos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con referencia al Capítulo y nota al calce en que se cita cada caso.

Por último, reconozco y agradezco la ayuda que me ha brindado el estudiante Adrián Jiménez Torres durante la redacción de este libro. Adrián me ha ayudado a editar los capítulos del libro, prepar la tabla de casos y revisar las citas.